La reforma de los mercados europeos de la electricidad está en marcha.

Ante el aumento de los precios de la energía, la Comisión Europea primero implementó un conjunto de medidas que ella misma denominó «caja de herramientas», señal de las limitadas ambiciones de estas medidas. Una respuesta considerada muy insuficiente por muchos Estados miembros, empezando por Francia.

Concretamente, se trataba de permitir a los Estados miembros la posibilidad de implementar ellos mismos las respuestas consideradas más apropiadas a nivel nacional: apoyo a los hogares más modestos, reducciones fiscales en la electricidad, ayudas a las pequeñas empresas, etc.

La persistencia de precios elevados de la electricidad finalmente llevó a la Comisión Europea a iniciar una reflexión profunda, definiendo en primer lugar los objetivos a alcanzar.

Esta reforma de la organización tiene como objetivo principal 4 objetivos:
1. Reducir la dependencia de los precios mayoristas de la electricidad del aumento de los precios de los combustibles fósiles (en particular del gas natural).
2. Acelerar el despliegue de energías renovables para alcanzar una participación del 42,5% en el consumo de energía de Europa para 2030.
3. Contar con respuestas para proteger a los consumidores en caso de fuertes aumentos de precios (como durante el invierno 2022/2023, por ejemplo).
4. Mejorar más ampliamente la protección de los consumidores.

Por otro lado, un tema de discusión fue rápidamente descartado: el de la reforma del mecanismo de fijación de precios en el mercado. Comúnmente conocido como «orden de mérito», se basa en un principio simple: hacer funcionar los medios de producción desde el más barato hasta el más caro en función de su costo marginal de producción. El último medio de producción llamado para cubrir el consumo fija el precio para todas las centrales en funcionamiento. Este mecanismo de fijación de precios ha sido considerado eficaz para garantizar el equilibrio de los sistemas eléctricos a corto plazo. Sin embargo, la cuestión a largo plazo ha sido objeto de numerosas discusiones.

El 17 de octubre de 2023, se logró un hito importante con un acuerdo del Consejo Europeo sobre las orientaciones generales de la futura reforma de los mercados europeos de electricidad.

En primer lugar, esta reforma tiene como objetivo estabilizar los mercados de electricidad a largo plazo. Para lograrlo, Europa favorece dos herramientas principales.

Los contratos de compra de energía (PPA) deberán ser alentados por los Estados miembros. Los PPA son acuerdos privados entre un productor y un consumidor que pueden firmarse a largo plazo, brindando visibilidad sobre los precios a ambas partes. Los Estados miembros deberán eliminar posibles obstáculos legales y procedimientos o tarifas desproporcionadas. También podrán establecer una garantía pública para promover el desarrollo de este tipo de contratos. En Francia, por ejemplo, los clientes industriales tendrán la opción de suscribir contratos a largo plazo con productores. De esta manera, los clientes industriales podrán estabilizar parte de su presupuesto de electricidad durante 5, 10 o 15 años, por ejemplo, y así reducir significativamente su exposición a futuros aumentos de los precios mayoristas.

Ya en vigor para apoyar ciertos sectores de energías renovables, los contratos por diferencias (CfD) serán obligatorios para todas las nuevas instalaciones de producción que reciban apoyo público. Los CfD se basan en un principio simple: garantizan un precio objetivo al productor, lo que facilita su decisión de inversión. Si los precios mayoristas son inferiores a este precio objetivo, entonces los gobiernos pagan la diferencia al productor. Sin embargo, al mismo tiempo, estos CfD también ofrecen seguridad a los gobiernos. De hecho, cuando los precios mayoristas de la electricidad superan el precio objetivo, los productores pagan la diferencia a los Estados involucrados. En caso de aumentos de precios, los gobiernos están seguros de recuperar parte de este aumento. Un punto importante es que tendrán la opción de utilizar estos ingresos para apoyar a los consumidores en caso de aumentos de precios.

La sección sobre la protección de los clientes incluye varias medidas emblemáticas:

• Los proveedores deberán ofrecer sistemáticamente varias ofertas (precio fijo, precio dinámico, etc.), mientras que se ha mencionado la posibilidad de recurrir a varios proveedores para un mismo sitio. Por ejemplo, una empresa podría contratar una oferta a precio fijo para parte de su suministro de electricidad, pero también, al mismo tiempo, una oferta a precio dinámico, por ejemplo, para la recarga de vehículos eléctricos;
• Todos los clientes podrán participar en programas de intercambio de energía (por ejemplo, en comunidades energéticas) con el uso, intercambio y almacenamiento de energía autoproducida;
• Los proveedores de electricidad deberán reforzar su cobertura de precios para proteger a los clientes de fuertes variaciones de precios, mientras que se designará un proveedor de último recurso para hacerse cargo de los clientes de un proveedor en quiebra;
• Las autoridades podrán, de manera temporal, aplicar precios regulados a los hogares, así como a las PYMES, y estos precios podrán ser inferiores a los precios al por mayor, una nueva forma de proteger a los consumidores de futuras explosiones de precios.

El acuerdo también permite a los Estados seguir gravando los beneficios extraordinarios generados por las compañías eléctricas en caso de fuertes aumentos de precios. Los ingresos de este impuesto pueden utilizarse para ayudar directamente a los clientes, incluidos los industriales, a reducir el aumento de sus facturas.